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Plan Nacional de Eficiencia Energética 2015-2024

El 3 de agosto de 2015 se aprobó, en Consejo de Ministros, el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2015-2024.

El Plan presenta diversos instrumentos a través de los cuales se alcanzará una meta de energía evitada de 1.690 ktep en el período 2015 – 2024.

Esta meta se definió a partir de la comparación de un dos escenarios de consumo: un escenario tendencial que proyecta la demanda energética del año 2012 al 2035 sin plantear cambios significativos dentro de las estructura de consumo, y un escenario de eficiencia energética, que toma como base el escenario tendencial e incorpora los efectos esperados de la aplicación de los instrumentos que se presentan en el plan.



De dicho estudio surge que, a través de las medidas de eficiencia que se incorporarán, se alcanzará un 5% de reducción de consumo en relación al escenario tendencial.

Consumo de energía total país 2012-2024


Cabe señalar que se espera una disminución en el consumo de energía de todos los sectores de actividad pero, particularmente, los sectores residencial y transporte representan el 75% de la disminución total acumulada al 2024. En ambos casos el resultado responde a una importante sustitución de las fuentes energéticas tradicionales por fuentes no convencionales.

Para alcanzar la meta establecida el Plan incluye instrumentos de alcance general, transversales a todos los sectores, e instrumentos de carácter sectorial, dirigidos a un público segmentado en función de sus características de consumo.

Algunas de las acciones de alcance general que se contemplan son la realización de campañas de difusión y el desarrollo de programas de sensibilización y educación tendientes a generar un cambio cultural que repercuta en los hábitos de consumo de los usuarios; la generación y mejora de instrumentos financieros que faciliten la implementación de medidas de eficiencia energética; la incorporación de equipos al Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética; el impulso a la incorporación de Gestores Energéticos en empresas y organismos públicos; el desarrollo de instrumentos específicos para pymes; y la evaluación de desempeño de edificaciones.

Asimismo, dentro de los instrumentos de alcance sectorial se destacan el impulso instrumentos para la promoción de la eficiencia energética en los hogares; la reedición del beneficio a las industrias eficientes y el diseño de instrumentos complementarios; la promoción de la incorporación de energías renovables en la industria; la capacitación en técnicas de conducción eficiente; la generación de un sello de emprendimiento eficiente como marca y reconocimiento a una gestión eficiente de los recursos energéticos; y la elaboración de un plan específico dirigido al Sector Público. 

Los beneficios de la eficiencia energética son múltiples. En los hogares permite bajar los gastos sin perder calidad de vida; en las empresas permite reducir costos y mejorar la competitividad; a nivel país, permite holgura en los plazos de importantes inversiones en generación de energía; y en el medioambiente, reduce las emisiones de gases contaminantes. La eficiencia energética es, entonces, un instrumento fundamental para propiciar una política energética sostenible.


Antecedentes
 

En los últimos años Uruguay ha experimentado un crecimiento económico sostenido que ha incidido significativamente en la expansión de la demanda energética de todos los sectores de consumo. Consolidar este crecimiento, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible, con un enfoque ético y una visión intergeneracional, supone un fuerte desafío para el país. 

Para ello, es necesario desarrollar una política de energía más sostenible: por un lado, aumentar responsablemente la oferta energética, y por otro, disminuir eficientemente la demanda.

La ley Nº 18.597 de Uso Eficiente de la Energía, aprobada en el 2009, declara de interés nacional el uso eficiente de la energía con el propósito de contribuir con la competitividad de la economía nacional y el desarrollo sostenible del país. La misma, constituye el marco jurídico-institucional para el desarrollo de una política de eficiencia energética y establece, entre otras cosas, la elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética y la definición de una Meta de Energía Evitada.